Las compañías eléctricas, en un claro pulso al gobierno, han puesto en entredicho la viabilidad de las centrales térmicas de carbón pulverizado, situadas en el área Astur-leonés, más allá del año 2020, coincidiendo con la definitiva entrada en vigor de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales. Transpuesta por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que ha sido a su vez desarrollada por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales. 

La Directiva 2010/75/UE fija unos valores máximos de emisiones por parte de las centrales térmicas que, en alguno de los casos, serán de difícil cumplimiento sin una fuerte inversión en mejoras tecnológicas, como las implementadas en las centrales térmicas de Aboño y Soto de Ribera. Bien es cierto que, todas las centrales de la zona, menos la de Anllares, cuya fecha de cierre está prevista para 2019, se acogen al Plan Nacional Transitorio que entró en vigor el 1 de enero de este año y se mantiene hasta el 30 de junio de 2020, con el objetivo de permitir a las centrales adaptarse progresivamente a la normativa europea, posibilidad que aparece recogida en la propia Directiva 2010/75/UE.

En el último año, la defensa de las centrales térmica se basa no solo en su productividad (ayuda de la potencia térmica para mantener estables los precios), sino también, en su ubicación, en las zonas denominadas “cuencas mineras”. Estas zonas se caracterizan por una fuerte reconversión industrial y una actividad económica casi nula, hasta el punto de que, en algunos casos, todo el sostén, tanto económico como social, es proporcionado por la propia central.

Además, hoy en día, las centrales térmicas de carbón pulverizado queman prácticamente carbón importado, que entra por el puerto del Musel, principalmente proveniente de Colombia, Sudáfrica e Indonesia. De tal modo que, la producción de carbón entre Asturias y León apenas supera el millón de toneladas. Ahora bien, el aumento del precio del carbón importado ha hecho que la producción en León en el año 2016, aumentara hasta las 700.000 t.

En el puerto del Musel se descargan dos tipos de carbones: el primero el Carbón siderúrgico ISC (Iron Steel Coal) destinado a las instalaciones de grupo Arcelor-Mittal y que se mantiene estable en su descarga desde el año 2010 situándose entre las 2.500/3.000 Miles de T.

El segundo, el Carbón térmico SC (Steam coal) que, aunque viene sufriendo fluctuaciones, siempre supone una mayor cantidad de descarga que el ISC, reportando cifras de descarga de 4.180.000 t., en el año 2014; 6.427.000 t. , en el 2015 y, 3.515.000 t. , en el 2016. A la espera de la publicación de la memoria oficial del año 2017 se espera una cifra superior a la del año 2016 situándose en torno a los 5.500.000 t.

Estas cifras han ayudado a convertir al puerto gijonés en el que más mercancía mueve por ferrocarril superando, incluso, a puertos como el de Valencia o Barcelona, ambos más especializados en el transporte de contenedores. Además, El Musel es el único puerto nacional que abastece de carbón térmico a las cuatro principales empresas eléctricas del país, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidroeléctrica del Cantábrico Energía (HC-EDP).

Por otro lado, en el año 2016 se realizaron 322.328 entradas de camiones en el puerto, de las que una gran parte fueron para el tráfico de carbón térmico, especialmente para destinarlo a la central de Soto del Narcea que carece de línea férrea y necesita abastecimiento por carretera.

Todo esto hace suponer que el cierre de las centrales térmicas tendrá un impacto más que significativo. De hecho, únicamente con el cierre de la Central termoeléctrica de Lada en Langreo (propiedad de Iberdrola) se prevé una disminución de hasta un 20% en el tráfico del puerto gijonés.

Por ello, si se cumpliera alguna de las previsiones de cierra anunciadas, tanto en las centrales asturianas como en las leonesas, se podría producir una reducción de aproximadamente un 60% del tráfico portuario, lo que, a su vez, se traduce en una drástica pérdida de empleos. La distribución de gráneles abarca a los propios operarios de carga, transportistas, conductores, palistas, maquinistas y un largo etc.… de personas que podrían ver peligrar su futuro laboral. Todo ello, supone igualmente una importante caída de ingresos para el propio puerto y las empresas transportistas.

Esperemos que la implantación de las nuevas Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) en captura y reducción de gases NOx, SO2  y partículas, permitan una adaptación de las centrales a las exigencias europeas con el objetivo de poder conciliar la actividad industrial con la mejora del medio ambiente.